La RMMDR condena la decisión regresiva del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en torno a la despenalización del aborto.
La Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, compuesta por más de mil organizaciones e individuos en todo el mundo que abogan por la justicia social y el pleno cumplimento de los derechos sexuales y derechos reproductivos para todas las personas, expresa total rechazo ante la decisión retrógrada del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que declara como inconstitucional la enmienda al código penal que se hizo en 2014 para la despenalización del aborto bajo ciertas causales. [1] Esta decisión representa un retroceso importante, dado que reinstala un código penal arcáico y obsoleto (data de 1884), que niega el acceso al aborto en todas las instancias, incluso cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación y cuando hay inviabilidad del feto fuera del útero.
Como ya ha sido puntualizado en múltiples ocasiones por distintas organizaciones de derechos de las mujeres [2], mantener un código que incluye la penalización absoluta del aborto viola los derechos humanos de las mujeres al poner en riesgo su salud y su vida, y por lo tanto es contrario a las normas internacionales de derechos humanos, en los que se protege la vida, la salud y la autonomía de las jóvenes y mujeres, tales como la Convención de Belem do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) [3] las cuales han sido ratificadas por la República Dominicana.
Esta decisión da cuenta de una total indiferencia y falta de compromiso frente a los derechos de las adolescentes, jóvenes y mujeres en la República Dominicana, y con las obligaciones internacionales del Estado de República Dominicana de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a la salud, a la integridad física y psicológica, a la autonomía, a la privacidad y a vivir libre de discriminación y violencia.
Las consecuencias de estas leyes tan restrictivas son sumamente negativas y tienen un impacto en la salud pública en tanto que perpetúan la morbi-mortalidad materna relacionada con abortos inseguros. La condición de ilegalidad del aborto ha llevado a muchas mujeres a recurrir a servicios de abortos clandestinos (aproximadamente 80,000 al año) [4] poniendo su vida e integridad personal en riesgo.
La criminalización del aborto no sólo afecta los derechos de las mujeres a la vida, salud, integridad corporal y autonomía. También viola el derecho que tienen las mujeres y niñas de vivir libres de violencia y discriminación de género. Este código penal es inaceptable e injustificable y viola las obligaciones más básicas que tiene el gobierno de respetar y hacer cumplir los derechos y garantizar el bienestar de toda la población, y en particular los derechos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
Es por eso que desde la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, exhortamos al Estado Dominicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y a que tome los pasos necesarios para proteger la salud y la vida de las jóvenes y mujeres, así como para acabar con la violencia institucional contras las mujeres en materia de derechos reproductivos que este código penal representa.
[1] Código Penal de la República Dominicana (Nov. 18, 2014) disponible enhttp://www.camaradediputados.gov.do/masterlex/MLX/docs/2E/2/87EE/93D6.pdf