¡El Congreso de El Salvador concede el indulto a Guadalupe!

La Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos celebra con júbilo la decisión del Congreso de El Salvador de aprobar el indulto a Guadalupe, una de las 17 mujeres encarceladas injustamente por homicidio después de haber sufrido complicaciones durante su embarazo.  El Congreso aprobó el indulto con un total de 43 votos a favor después de que el Comité de Derechos Humanos del Congreso y la Corte Suprema de Justicia volvieran a presentar sus recomendaciones para que se diera su liberación.

Este es un evento importante en el contexto de los Derechos Humanos y de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en El Salvador, ya que es uno de los países en América Latina que criminaliza el aborto en todas las circunstancias[1], aún en los casos en que la vida de la mujer corre peligro. La prohibición también ha dado como resultado la detención de un sinnúmero de mujeres que han sufrido complicaciones relacionadas con el embarazo y abortos espontáneos.

Vanessa Coria, Directora de Programas e Incidencia de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) comentó:

“¡Hoy amanecemos con el corazón lleno de alegría y esperanza con esta noticia! Guadalupe será liberada y seguiremos luchando hasta que todas Las 17 lo sean.”

La Directora de Programas de la RMMDR lanzó una felicitación especial a la Agrupación Ciudadana Por la Despenalización Del Aborto y a todas las otras organizaciones y agrupaciones que trabajaron en conjunto por esta causa. También emitió un sincero agradecimiento a todas aquellas personas que participaron con su apoyo vía redes sociales y manifestaciones locales.

En Abril de 2014, una coalición de organizaciones entre las que se encuentra la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos dirigidas por la Agrupación Ciudadana, puso en marcha la campaña “Las17” para pedir la liberación de “Guadalupe” y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas y posteriormente fueron declaradas responsables de homicidio. Cada una de “Las17” mujeres, están actualmente retenidas pagando penas entre 30 y 40 años de cárcel.

Una de las consecuencias más graves y reprochables de la penalización absoluta del aborto es el encarcelamiento y juzgamiento tendencioso producto del estigma que gira en torno al tema, que perjudica a mujeres que ni siquiera tomaron la decisión de interrumpir su embarazo, sino que tuvieron abortos espontáneos, sufrieron complicaciones severas durante el embarazo o tuvieron partos extra hospitalarios que resultaron en la muerte de sus hijos, tal como le sucedió a Guadalupe y el resto de las 17. La criminalización del aborto no sólo afecta los derechos de las mujeres a la vida, salud, integridad corporal, autonomía y libertad. También viola el derecho que tienen las mujeres y niñas de vivir libres de discriminación de género, tal como lo establece la CEDAW[2]. Este tipo de legislación es inaceptable e injustificable y viola las obligaciones más básicas que tienen los gobiernos de respetar y hacer cumplir los derechos y garantizar el bienestar de toda la población, y en particular los derechos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.

Es por esto que la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, representando a más de mil organizaciones e individuos alrededor del mundo, exhorta al gobierno de El Salvador a:

• Otorgar el indulto a las 15 mujeres que aún se encuentran presas en condiciones similares a Guadalupe, ordenar su inmediata libertad, y tomar las medidas necesarias para evitar que estos casos se sigan repitiendo.
• Ajustar sus leyes nacionales a los estándares de los tratados internacionales y regionales en temas de derechos humanos, con el objetivo de asegurar la protección de los derechos de las mujeres. Esto incluye la despenalización del aborto, la protección de mujeres y niñas frente a la violencia de género y el acceso a información para prevenir embarazos no deseados.
• Eliminar este tipo de violencia institucional que pone en riesgo a las mujeres y niñas, asegurándose de que sus leyes respeten, protejan y hagan valer los derechos de las mujeres, eliminando la criminalización del aborto, por lo menos en casos de violación, incesto, malformaciones del feto y cuando la salud o la vida de las mujeres esté en peligro.
• Tomar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la vida, salud, a la no-discriminación, a estar libres de tratos inhumanos, crueles, y degradantes y a determinar el número de hijos y el espaciamiento entre ellos.

También hacemos un llamado a nuestra membresía, organizaciones aliadas y socias de todo el mundo, para que sigan sumándose a los esfuerzos de las organizaciones locales e internacionales para conseguir la liberación de las 15 mujeres que aún esperan ser liberadas y recuperar su vida.

El indulto de Guadalupe fue una victoria importante, sin embargo, se necesita mucho más para que las mujeres en El Salvador puedan ejercer un poder real en la toma de decisiones respecto a sus vidas, y tengan acceso a servicios de salud de calidad como parte de la obligación del Estado de garantizar la protección de los derechos de toda su población. Por nuestra parte, en la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, continuaremos trabajando por los indultos restantes, apoyando en el muy importante papel de defensa y promoción de los derechos humanos que tienen las defensoras y defensores salvadoreñas.

[1] Los otros países son Chile, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam  (cfr. Guttmacher Institute. “En Resumen: Hechos sobre el aborto en América Latina y el Caribe”. Enero de 2012. Disponible en: http://www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America-ES.pdf). Cabe destacar que de los otros seis países en los que el aborto está absolutamente prohibido, El Salvador es el único en el que el resultado del ejercicio del poder punitivo del Estado se manifiesta con cifras y características tan alarmantes.

[2] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) Ratificado por la República Dominicana el 3 de Julio 1996. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.