OSCs Internacionales y Defensoras de los Derechos Humanos condenan la propuesta del partido ARENA en El Salvador
*English version follows.
Organizaciones Internacionales de Sociedad Civil y Defensoras de los Derechos Humanos condenan la propuesta del partido ARENA que pretende incrementar las penas relacionadas con el aborto en El Salvador
14 de Julio, 2016
Las abajo firmantes, organizaciones miembros de la sociedad civil internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos condenamos enérgicamente la propuesta de reforma presentada por el grupo parlamentario ARENA al Código Penal en El Salvador. En concreto, denunciamos la lamentable propuesta de elevar las penas criminales de aborto de 30 a 50 años de cárcel; y la propuesta de aumentar las sanciones contra el personal médico, y otros que sean sospechosos de infligir lesiones a la vida prenatal, en el ejercicio de su profesión o a los que abierta o veladamente anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar abortos.
Varios estudios han demostrado que la penalización y/o la restricción al acceso al aborto seguro no reduce el número de abortos.[1] Además, en países en donde el aborto está completamente restringido, y por lo tanto es inseguro, como es el caso de El Salvador, se obliga a las mujeres a poner en riesgo su salud y muchas veces hasta su vida.[2] Una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también ha señalado que a menos que se garantice a las mujeres el acceso a un servicio completo de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a anticonceptivos y al aborto legal y seguro, es probable que se incremente el índice de abortos inseguros en todo el mundo.[3] La Relatoría especializada en Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas ha señalado que la prohibición total del aborto en El Salvador es una causa directa de los altos índices de mortalidad materna en el país.[4] Además, las mujeres jóvenes, pobres y solteras son las que más probabilidades tienen de recurrir a un aborto inseguro, lo que pone de manifiesto el impacto de las leyes restrictivas de aborto en la perpetuación de la desigualdad e injusticia social. Es probable que la implementación de estas leyes restrictivas y sentencias criminales pongan en mayor riesgo la salud y la vida de las mujeres, ya que los proveedores de servicios médicos no podrán brindar el tratamiento necesario a las mujeres que experimenten urgencias obstétricas o postabortos, por temor a ser acusados de facilitar el acceso al aborto.
Una de las más graves consecuencias de la restricción total del aborto en el Salvador es el injusto encarcelamiento de muchas mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas y abortos espontáneos. Como ha indicado recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR), la prohibición total del aborto en El Salvador ha dado lugar a “casos graves de sufrimiento e injusticia”, y ha permitido el procesamiento de mujeres por embarazos malogrados en cualquier circunstancia, siendo las más afectadas las mujeres de las clases socioeconómicas más bajas.[5] El CESCR también ha señalado casos concretos de mujeres como “Las 17”, que accedieron a servicios médicos como consecuencia de amenazas graves para su salud y recibieron sentencias penales extremadamente desproporcionadas por la sospecha de haber abortado, sin permitirles su derecho a un procedimiento reglamentario.[6] Un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas también ha instado al gobierno de El Salvador a que otorgue el indulto a todas las mujeres injustamente encarceladas por complicaciones durante sus embarazos, y a que revoque sus leyes restrictivas frente al aborto. [7]
El Comité contra la Tortura también ha sostenido que las leyes punitivas contra el aborto violan el derecho de las mujeres a no sufrir un trato cruel o inhumano.[8] Según se demuestra en el informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de todos a disfrutar de la mayor calidad realizable de salud física y mental:
[…]Dichas leyes infringen la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su poder de decisión en relación con su salud sexual y reproductiva. Además, generan sistemáticamente complicaciones para la salud física, causando muertes que podían haberse evitado, morbilidad y mala salud, así como trastornos mentales, y no solo a causa de que las mujeres afectadas corran el riesgo de verse orilladas al sistema de justicia penal. La creación o continuación de leyes penales con respecto al aborto puede implicar violaciones de las obligaciones del Estado en cuanto a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud.”[9]
Aún se necesitan muchos cambios en El Salvador para que las mujeres puedan ejercer un poder real en la toma de decisiones respecto a sus vidas, y tengan acceso a servicios de salud de calidad como parte de la obligación del Estado de garantizar la protección de los derechos de toda su población, incluidas las mujeres. Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres salvadoreñas e instamos al Honorable Pleno Legislativo de El Salvador a rechazar la propuesta del grupo parlamentario Alianza Republicana Nacional, ARENA. También hacemos eco del llamado emitido por Organismos expertos en derechos humanos en el que se exhorta al gobierno de El Salvador a revisar su legislación relacionada al aborto, y a que ajuste sus leyes para que se garanticen los derechos humanos fundamentales de salud y dignidad de las mujeres.[10]
La comunidad internacional tiene su mirada puesta en El Salvador, y confiamos en que el Honorable pleno legislativo de El Salvador tomará todas las medidas necesarias para asegurar que las leyes, y prácticas de El Salvador se ajusten a los tratados internacionales y estándares de derechos humanos que han sido ratificados por el gobierno de El Salvador.
Contacto:
Kathy Mulville, Directora Ejecutiva
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR)
Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR)
T: +632 9287785, F: +632 9287992
#3 Marunong Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City, 1100, Philippines
Organizaciones Firmantes:
Abortion Law Reform Association of New Zealand (ALRANZ), New Zealand
Action Canada for Sexual Health and Rights, Canada
Alianza por la Solidaridad, Spain
Amnesty International
Anis – Instituto de Bioética, Brasil
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), España
Association for Progressive Communications (APC)
Association for Women’s Rights in Development (AWID)
Association PaRiter, Croatia
ASTRA Central and Eastern European Women’s Network for Sexual and Reproductive Rights and Health
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC, México
Campaña Nacional por el Derecho a Decidir (México)
Organizaciones:
Academia Mexicana de Derechos Humanos AC
Agenda Feminista Jalisco: Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente CAMPO AC
Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-Jalisco
Programa de Estudios de Género Universidad de Guadalajara Diversa APN Jalisco
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir
APIS: Fundación para la Equidad DF
Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AC
Asociación Sinaloense de Universitarias AC
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario, AC (Cecadec)
Centro de Mujeres, AC
Colectiva Ciudad y Género, AC
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, AC
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, AC
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC
Grupo Feminista 8 de Marzo
Jóvenes en Acción-BCS
Haciendo Tierra en el Planeta / Radio Libertad
Instituto Superior de Educación Sexual, AC (ISES)
Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) UNAM
Red de Mujeres Sindicalistas
Red de Profesores e Investigadores en Derechos Humanos de México
Red de Derechos sexuales y Reproductivos-DDeser
Servicios Humanitarios en Salud Sexual yReproductiva AC
Salud Integral para la Mujer, AC (SIPAM)
UNASSE
Catholics for Choice, United States
Center for Reproductive Rights (CRR)
CHOICE for Youth and Sexuality, Netherlands
Coalition of African Lesbians
Coordinadora Andaluza de ONGD, Spain
Dandelion Kenya, Kenya
DSW (Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung), Germany
Espolea, A.C., Mexico
Federación de ONGs para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, Spain
Federation for Women and Family Planning, Poland
FIDH, International
Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA,México
Global Health Justice Partnership at Yale Law School /
Yale School of Public Health, USA
International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion
International Solidarity Network of Women Living under Muslim Laws
International Women’s Health Coalition (IWHC)
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México
International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/WHR)
JASS (Just Associates)
Le Planning Familial, France
MADRE
Marie Stopes International, Global
National Network of Young Women Leaders Senegal
Planned Parenthood Federation of America, USA
Population Council, Global
REDefine México, México
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR)
Resurj- Realizando la Justica Sexual y Reproductiva
Rutgers, Netherlands
Secularism Is A Women’s Issue (siawi), International network
Urgent Action Fund (UAF) – Latin America
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina y el Caribe
Vietnam Public Health Association, Vietnam
YouAct, European Youth network on SRHR
Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR)
CSOs and WHRDs Worldwide Condemn the ARENA Proposal for Longer Abortion-Related Criminal Sentences in El Salvador
July 14, 2016
We the undersigned civil society and women human rights defender (WHRD) organizations worldwide strongly condemn the proposal of the ARENA party to reform the Penal Code in El Salvador. In particular, we denounce the deplorable proposal to increase the criminal sentence for induced abortion to 30-50 years in prison; as well as the proposal to increase sanctions and prison sentences for healthcare providers and others who are suspected of inflicting injury on prenatal life while providing medical services, or of promoting procedures, medication, substances or objects intended to induce an abortion.
Numbers of evidence-based studies have shown that criminalizing and/or restricting access to abortion does not reduce the number of abortions.[1] Moreover, in countries such as El Salvador where abortion is highly restricted, it is typically unsafe, where women seeking abortions are forced to compromise their health and often risk their lives.[2] Research from the World Health Organization (WHO) has similarly indicated that the rate of unsafe abortion worldwide is likely to increase unless women are provided access to comprehensive sexual and reproductive health services, including access to contraceptives and access to safe and legal abortion.[3] In the case of El Salvador, the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women has in fact identified the complete ban on abortion as being a direct contributor to the current high rates of maternal mortality in the country.[4] Furthermore, young, poor and unmarried women are those who are most likely to resort to unsafe abortion, highlighting the impact of restrictive abortion laws in perpetuating social injustice and inequality. Restrictive laws and the threat of criminal sentences may also result in service providers being afraid to provide the necessary care and treatment to women experiencing obstetrical and/or post-abortion care emergencies, for fear of being accused of facilitating access to abortion, thereby further endangering women’s health and lives.
One of the most serious consequences of the complete ban on abortion in El Salvador is the incarceration and wrongful imprisonment of numbers of women who have suffered pregnancy-related complications and miscarriages. As noted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), the complete ban on abortion in El Salvador has led to “serious cases of suffering and injustice,” allowing for women to be prosecuted for pregnancy losses under any circumstance, and particularly affecting women of lower socioeconomic status.[5] The CESCR has also noted the particular cases of women such as Las 17, a group of women who accessed health services as a result of serious threats to their health, and who then received grossly disproportionate criminal sentences on suspicion of having an abortion, without being afforded their right to due process.[6] A group of United Nations’ Special Rapporteurs have similarly urged El Salvador to pardon all women jailed for pregnancy complications and repeal the country’s restrictive abortion laws.[7]
As asserted by the Committee Against Torture, punitive abortion laws violate women’s right to be free from inhuman and cruel treatment.[8] And as established in the Interim report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, criminal laws which penalize and restrict induced abortion:
“[…] consistently generate poor physical health outcomes, resulting in deaths that could have been prevented, morbidity and ill-health, as well as negative mental health outcomes, not least because affected women risk being thrust into the criminal justice system. Creation or maintenance of criminal laws with respect to abortion may amount to violations of the obligations of States to respect, protect and fulfil the right to health.”[9]
There is still much change needed in El Salvador for women to be able to exercise meaningful decision-making power in their lives, and have access to comprehensive health services, as part of the State’s obligation to guarantee the protection of the rights of all people, including women. We the undersigned organizations stand in solidarity with women in El Salvador. We urge the Salvadoran Congress to dismiss the ARENA proposal, and we echo Human Rights Bodies in urging the Salvadoran government to review its legislation concerning abortion, and amend Salvadoran laws in accordance with women’s fundamental human rights to health and dignity.[10]
The international community is watching El Salvador, and we trust that the Salvadoran Congress will take all measures necessary to ensure that Salvadoran laws and practices conform with the international treaties and human rights standards to which El Salvador has committed.
Contact:
Kathy Mulville, Executive Director
Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR)
T: +632 9287785, F: +632 9287992
#3 Marunong Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City, 1100, Philippines
[1] Guttmacher Institute (2016), Induced Abortion Worldwide : Global Incidence and Trends.
[2] Guttmacher Institute (2015), Each Year, 6.9 Million Women in Developing Countries Are Treated For Complications From Unsafe Abortion.
[3] World Health Organization (2011), Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2008.
[4] Informe del Delegado Especial sobre violencia contra la mujer, causas y consecuencias, A/HRC/17/26/Add.2 párr. 65.
[5] E/C.12/SLV/CO/3-5 párr. 22.
[6] Ibíd.
[7] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2015, Guadalupe’s pardon: UN experts urge El Salvador to pardon all women jailed for pregnancy complications and repeal restrictive abortion law.
[8] CAT/C/PER/CO/4, párr. 23; CAT/C/NIC/CO/1, párr. 16; y CAT/C/CR/32/5, párr. 7.
[9]Informe provisional del Delegado Especial sobre el derecho de todos a disfrutar de la mayor calidad realizable de salud física y mental, A/66/254 párr. 21.
[10] E/C.12/SLV/CO/3-5 párr. 22; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2015, Guadalupe’s pardon: UN experts urge El Salvador to pardon all women jailed for pregnancy complications and repeal restrictive abortion law.